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Abogados de Loja proponen Ley contra el Terrorismo para combatir la delincuencia en Ecuador

Dos abogados de la provincia de Loja, Ecuador, han propuesto la creación de una Ley contra el Terrorismo para combatir el crimen organizado, incluyendo el terrorismo económico, que permita contar con jueces y fiscales sin rostro, logística especial y sanciones inmediatas, a través de tribunales especiales. El presidente Guillermo Lasso ha convocado al Consejo Nacional de Seguridad para declarar terroristas a los grupos delictivos en Ecuador y combatirlos con el uso permanente de las Fuerzas Armadas, pero esta iniciativa ha sido criticada por algunos abogados por considerar que carece de constitucionalidad debido a los candados de la Constitución y los tratados internacionales de los que el país es signatario.

Iván Roldan Rogel, abogado en ejercicio, propone que desde la Asamblea Nacional (AN) debería surgir la iniciativa de aprobar una ley contra el terrorismo para el Ecuador, tomando en cuenta todas las actividades ilícitas practicadas por las personas que afecten el interés colectivo. Propone que la ley establezca mecanismos de defensa, protección y de operación, incluyendo jueces y fiscales sin rostro, logística especial y sanciones inmediatas a través de tribunales especiales.

Por su parte, el abogado Cristian Alberca Ordóñez sostiene que el anuncio presidencial de declarar terroristas a los grupos delincuenciales constituye una vulneración de derechos, y que el uso de las Fuerzas Armadas para mitigar la violencia debe hacerse a través de la declaratoria de Estado de excepción, cuyos recursos jurídicos estarían contemplados en la Constitución. Propone que el Gobierno utilice los decretos de excepción como un mecanismo ágil y oportuno, que estaría sujeto a la vigilancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ambos abogados coinciden en la necesidad de contar con una ley contra el terrorismo que permita al Estado combatir los actos delictivos en todas sus formas, delictivo, económico y todos los actos que afecten al interés público, y establezca los mecanismos necesarios para hacerlo de manera efectiva y respetando los derechos humanos.

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